Es importante analizar si las políticas archivísticas durante todo el ciclo vital debe ser administrado y regulado por el Archivo General de la Nación, por la sencilla razón de que si es de esta manera, no puede lograr su autonomía constitucional, pues está dentro de las funciones del estado y esta connotación le da la responsabilidad de establecer la seguridad de la información en sus dos primeras edades y, por lo tanto no puede detentar dos cualidades constitucionales, como ser garante de la información y se garante del patrimonio documental de México. La naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación debe ser esclarecida y si es un ente regulador del Patrimonio, entonces debe otorgársele la autonomía constitucional y pasar a la familia de los organismos autónomos patrimoniales.

Este análisis responde al orden que detenta el Estado Mexicano de ser una República Federal.