Desde hace un par de semanas el Archivo General de la Nación es otra vez noticia y por las peores razones. La precariedad de una institución clave para la preservación del patrimonio histórico y cultural argentino se puso nuevamente en evidencia, con el desplazamiento de su director, Lic. José Luis Moreno, por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, que lo habían nombrado en 2007. La gestión de Moreno, un prestigioso historiador, había encarado proyectos fundamentales para mejorar la situación del Archivo, incluyendo una reforma institucional que permitiera designar a sus autoridades por concurso y no por simple voluntad ministerial. La interrupción de esta gestión, por lo tanto, despertó alarma entre estudiosos y usuarios, y puso al AGN en el debate público.
La situación del Archivo General de la Nación nos incumbe a todos los argentinos. Allí se guarda buena parte de los registros existentes sobre el pasado de nuestro país, en especial la documentación producida por el Estado y los fondos de particulares que han sido donados para su custodia. Sus materiales se remontan a la época colonial, es decir, a una etapa muy anterior a la existencia misma de la nación, y llegan prácticamente hasta nuestros días. No se trata, sin embargo, de un simple depósito de papeles, imágenes y sonidos, sino de un "archivo" que debe reunir, conservar y tener disponible para su consulta o utilización un material que es patrimonio de todos y para todos y, por lo tanto, debe ser de público acceso. No es un reducto para especialistas o una institución reservada a unos pocos. Constituye un reservorio colectivo, una fuente de información y una cantera para la exploración de nuestra historia y por lo tanto, para cualquiera que quiera indagar en el pasado, construir historias y forjar memorias, personales o colectivas. Es, además, el registro de la actividad del Estado y por lo tanto, debería servir como referencia fundamental en su propia consolidación.

Tal como está hoy, el AGN cumple de manera muy parcial con esas funciones y, dada la precariedad que lo aqueja, no logra siquiera resguardar debidamente lo que tiene a su cargo. Sucesivos gobiernos le han prestado poca o nula atención, aunque ninguno ha querido dejar de controlarlo. Con fondos escasos y sujeto a las arbitrariedades del Ejecutivo, el AGN tiene problemas muy serios y elementales. Entre otros: un edificio colapsado, documentación mal acondicionada que se desintegra a medida que se consulta, fallas de catalogación, material sin clasificar y por lo tanto, al que no se accede. El conjunto es lamentable y el futuro, previsible, a menos que se introduzcan rápidamente cambios en varios planos. No hay demasiado misterio en esta cuestión, y basta con mirar cómo se manejan los archivos en países vecinos para darse cuenta del estado calamitoso del nuestro y de cómo habría que proceder para salvarlo del deterioro.
Más allá de las medidas concretas que habría que instrumentar con urgencia –varias de las cuales estaban en marcha en la gestión Moreno–, es fundamental que la discusión no se limite a señalar la desidia del Ejecutivo o sus arbitrariedades, sino que se plantee un debate amplio en el cual se incorpore al Congreso de la Nación. La Argentina carece de una ley de archivos; hay leyes y decretos diversos pero ninguno general que plantee qué queremos hacer con los archivos de nuestro país y que regule su funcionamiento. De acuerdo con criterios internacionales, ese marco debería a la vez asegurar el acceso público a la información respetando los derechos a la privacidad, así como fijar los criterios para la documentación reservada y los plazos para su apertura a la vista pública. También, redefinir la inserción institucional del AGN dentro del aparato estatal, el proceso de designación de sus autoridades y los criterios para su financiamiento, así como sus articulaciones con el resto de los archivos nacionales, puntos contemplados en un preproyecto de la gestión Moreno, ahora trunca. En una etapa en que, desde el gobierno, se habla mucho de la necesidad de "tener memoria" y de fortalecer el Estado, el AGN debería ser cuestión prioritaria. Más que con esos objetivos, sin embargo, el desplazamiento de José Luis Moreno de su dirección está en sintonía con otras medidas recientes que, como el desmantelamiento del INDEC, terminan por debilitar aún más nuestro ya deteriorado aparato estatal.

HISTORIADORA (UBA/CONICET). AUTORA DE "BUENOS AIRES EN ARMAS" (2008).

Fuente: http://www.revistaenie.clarin.com